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NOTICIAS JURÍDICAS

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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017,  acordó por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dicho pronunciamiento ha traído graves consecuencias para las arcas púbicas, en este caso, de los Ayuntamientos, y no ha hecho sino abrir el camino para posteriores pronunciamientos de distintos Tribunales aún más contundentes.

En aquél fallo, de aplicación en todo el territorio del Estado, el TC reitera la doctrina establecida en las Sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

Para el TC, el legislador no puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial.

Y añade que, en el caso de este impuesto, el mismo está siendo aplicado en supuestos en los que la riqueza no es siquiera potencial, sino directamente inexistente, virtual o ficticia.

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El plazo para recurrir una resolución que pone fin a la vía administrativa permanece permanentemente abierto, hasta tanto no se resuelvan los recursos  planteados, según la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y es que, tratándose de silencio negativo, desde la reforma que se produjo ya con la anterior Ley 30/1992 por Ley 4/1999  ( RCL 1999, 114, 329) , ya no cabe hablar de actos presuntos desestimatorios sino sólo –nuevamente– de ficción legal que abre la posibilidad de impugnación, en beneficio del interesado.

Así,  la Ley de Procedimiento Administrativo Común, diferencia los efectos del silencio estimatorio y desestimatorio, señalando para este último –a diferencia del primero o positivo– que la "desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o Contencioso-Administrativo que resulte procedente.

El argumento acerca del quebrantamiento de la seguridad jurídica que por parte de la Administración suele argüirse en estos es, cuanto menos, sorprendente. Y no se admite, en modo alguno, por la jurisprudencia más reciente. La Administración no puede ocultar, ni desconocer, que es ella quien genera la situación de inseguridad al no dictar resolución expresa. Tampoco puede olvidar que esa omisión constituye un frontal incumplimiento del mandato legal que obliga a resolver toda solicitud o recurso de los administrados.

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Principio de intervención mínima del Derecho Penal. Garantía Procesal frente a acusaciones sin fundamento. Pena de banquillo. Judicialización de la vida pública.

El principio de intervención mínima, en virtud del cual el Estado ha de buscar el mayor bien social con el menor coste social posible, de modo que el Derecho penal sea la última ratio en cuanto a la gravedad de los medios a utilizar es un principio clave en su aplicación.

Además, el carácter fragmentario del Derecho penal significa que éste no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para los mismos, de modo que sólo cuando hay que defender ese minimun etico y social que afecta fundamentalmente a la convivencia, deben de actuar las sanciones penales.

Ahora bien, ese principio de intervención mínima penal significaría muy poco si el proceso pudiera abrirse sin un fundamento mínimo, de modo que cualquier ciudadano se viera sometido al juicio oral como consecuencia de cualquier acusación, lo que demuestra que estas exigencias han de venir inexorablemente ligadas a un aumento de las garantías procesales.

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El Tribunal Supremo se ha referido en múltiples ocasiones a la gradación de verosimilitud, tal como ilustrativamente muestra la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2002 (RJ 6847) al definir el auto de procesamiento como una resolución “que contiene una imputación formal, exteriorizadora de un juicio de probabilidad sobre la posible comisión de un de un delito determinado y la implicación que en el tenga el procesado.”

La probabilidad, por otra parte, se caracteriza por su provisionalidad, basándose el juicio de imputación formal en la máxima rebus sic stantibus de modo que durante la instrucción o una vez concluida ésta, aquella probabilidad puede desvanecerse o verse reforzada.

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