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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017,  acordó por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dicho pronunciamiento ha traído graves consecuencias para las arcas púbicas, en este caso, de los Ayuntamientos, y no ha hecho sino abrir el camino para posteriores pronunciamientos de distintos Tribunales aún más contundentes.

En aquél fallo, de aplicación en todo el territorio del Estado, el TC reitera la doctrina establecida en las Sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

Para el TC, el legislador no puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial.

Y añade que, en el caso de este impuesto, el mismo está siendo aplicado en supuestos en los que la riqueza no es siquiera potencial, sino directamente inexistente, virtual o ficticia.

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El plazo para recurrir una resolución que pone fin a la vía administrativa permanece permanentemente abierto, hasta tanto no se resuelvan los recursos  planteados, según la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y es que, tratándose de silencio negativo, desde la reforma que se produjo ya con la anterior Ley 30/1992 por Ley 4/1999  ( RCL 1999, 114, 329) , ya no cabe hablar de actos presuntos desestimatorios sino sólo –nuevamente– de ficción legal que abre la posibilidad de impugnación, en beneficio del interesado.

Así,  la Ley de Procedimiento Administrativo Común, diferencia los efectos del silencio estimatorio y desestimatorio, señalando para este último –a diferencia del primero o positivo– que la "desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o Contencioso-Administrativo que resulte procedente.

El argumento acerca del quebrantamiento de la seguridad jurídica que por parte de la Administración suele argüirse en estos es, cuanto menos, sorprendente. Y no se admite, en modo alguno, por la jurisprudencia más reciente. La Administración no puede ocultar, ni desconocer, que es ella quien genera la situación de inseguridad al no dictar resolución expresa. Tampoco puede olvidar que esa omisión constituye un frontal incumplimiento del mandato legal que obliga a resolver toda solicitud o recurso de los administrados.

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