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Principio de Intervención Mínima del Derecho Penal: Acusaciones sin Fundamento

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Principio de intervención mínima del Derecho Penal. Garantía Procesal frente a acusaciones sin fundamento. Pena de banquillo. Judicialización de la vida pública.

El principio de intervención mínima, en virtud del cual el Estado ha de buscar el mayor bien social con el menor coste social posible, de modo que el Derecho penal sea la última ratio en cuanto a la gravedad de los medios a utilizar es un principio clave en su aplicación.

Además, el carácter fragmentario del Derecho penal significa que éste no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para los mismos, de modo que sólo cuando hay que defender ese minimun etico y social que afecta fundamentalmente a la convivencia, deben de actuar las sanciones penales.

Ahora bien, ese principio de intervención mínima penal significaría muy poco si el proceso pudiera abrirse sin un fundamento mínimo, de modo que cualquier ciudadano se viera sometido al juicio oral como consecuencia de cualquier acusación, lo que demuestra que estas exigencias han de venir inexorablemente ligadas a un aumento de las garantías procesales.

 

En caso contrario, la formulación del “principio de intervención mínima” quedaría reducido a un mero desiderátum si el proceso penal pudiera incoarse y desarrollarse sin observancia de los controles necesarios sobre el ejercicio de la acusación. De ahí que también quepa hablar de una exigencia de “intervención mínima” del proceso penal, de forma que sólo exista enjuiciamiento criminal allá donde concurran los presupuestos procesales para ello.

Algunos penalistas corroboran este argumento cuando advierten que la expansión del Derecho penal a ámbitos alejados del Derecho punitivo tradicional, “está llevando a muchos ciudadanos claramente inocentes a declarar en procedimientos penales como sospechosos, resultando condenados un ínfimo número de tales imputados” pues en la mayoría de los casos, o bien se acuerda el sobreseimiento de la causa “o si son sentados en el banquillo son finalmente absueltos”.

Basta comprobar la cada vez más frecuente judicialización de la vida pública, a lo que inexorablemente hay que añadir el arraigo de la conciencia ciudadana de acudir a los Tribunales de justicia,  no como última ratio, sino como primera ratio en el orden de prioridades de protección de los derechos.

Y es que como recuerda la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1997 “la comparecencia ante un Juzgado en calidad de imputado, aunque lleve aparejada la adopción de medida cautelar alguna, suponga para el compareciente una fuerte dosis de negatividad en el concepto público, lo cual, según las personas y los asuntos puede tener enorme trascendencia”.

Por Isbylex Abogados, juristas penalistas en Sevilla. Mejores abogados penalistas.

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